Opinión redactada por: Sharoni Rosenberg, Hans Rosenkranz y Francisca Egaña, publicada en Diario El Mostrador

La crisis del coronavirus ha visibilizado el aporte de las organizaciones de la sociedad civil a las emergencias del país, lo que se manifiesta en sus múltiples respuestas al COVID-19 y a la recuperación postcrisis. Y aunque el reconocimiento históricamente ha estado más en los discursos, el domingo recién pasado fuimos testigos de la incorporación de las organizaciones en el “El Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección y Reactivación” firmado por el Gobierno y tres partidos políticos de oposición.

Esta señal es potente y necesaria, pues como ha sido develado en el estudio que hemos realizado entre la Fundación PwC Chile, Fundación Lealtad Chile y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, el impacto económico para las organizaciones de la sociedad civil es profundo, tanto así que a la fecha el 86,5% de las entidades se ha visto afectada por una disminución en sus ingresos respecto a lo proyectado, y el 63,5% admite que no cuenta con el flujo de caja suficiente para satisfacer las necesidades de este año.

Esta realidad es aún más compleja, cuando se mira que la mayoría de los fondos por emergencia han estado destinados a nuevos proyectos y no a sostener a los equipos de trabajo que posibilitan el desarrollo de las entidades, el cumplimiento de los propósitos, y donde las las intervenciones tengan un estándar de calidad, con transparencia y evaluaciones de resultado. De no revertirse esta situación, la efectividad y eficiencia característica de las organizaciones de la sociedad civil se pondrá en riesgo.

De hecho en el pasado mes de mayo, el 40% consideraba que tendría que reducir el equipo de trabajo, los sueldos y/o jornadas laborales, y el 15% creía posible tener que cerrar su organización. En este sentido, la necesidad de crear un fondo de fortalecimiento y rescate es crítico, no podemos destejer el tejido social creado por nuestra sociedad civil.


El bienestar social del país está y estará en alta presión por al menos dos años y, por primera vez en décadas, con índices de pobreza en aumento. Ante esto, algunas respuestas implementadas podrán ser efectivas, pero este escenario es tan nuevo, dinámico e impredecible que requiere respuestas innovadoras, nuevas competencias y modos de vincularnos y construir nuestra sociedad.


Respecto a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el estudio es claro en este desafío. Entanto, el 60% considera que tendrá que reinventar su organización, el 53% está de acuerdo o muy de acuerdo en que le faltan herramientas tecnológicas para prestar sus servicios a distancia, y el 35% considera que requerirá apoyo para digitalizar sus intervenciones. Estos temas son importantes para el sector, pero lo trasciende, por lo que es clave poner el foco en salir fortalecidos de esta crisis, trabajando colaborativamente, posibilitando que los distintos sectores nos adaptemos y complementemos nuestras capacidades y talentos.


Esta nueva etapa recién comienza, y aunque el futuro se vea incierto, la mayoría de las organizaciones no ha interrumpido su trabajo, reafirmando, una vez más, el gran compromiso que la sociedad civil tiene con los sectores más vulnerables, el medioambiente, la cultura y diversos temas de interés público que nos permiten seguir construyendo un país más justo, sostenible, cohesionado y con menos desigualdad.